Imputados dos exconsejeros más de la Junta socialista de Andalucía por ayudas arbitrarias de 33 millones

El PSOE de Andalucía (PSOE-A) suma y sigue con su ya larguísima lista de investigados (antes imputados) en procesos ligados a la corrupción. Este miércoles hemos conocido que dos ex consejeros más de la Junta socialista de Andalucía han sido procesados: se trata de los ex consejeros socialistas de Empleo, Antonio Fernández y Manuel Recio, que serán juzgados por unas subvenciones presuntamente irregulares de más de 33 millones de euros, y que fueron concedidas de forma «arbitraria».

Estos 33.309.789 euros fueron «arbitrariamente» concedidos al entramado de sociedades del ex consejero socialista de Hacienda Ángel Ojeda -ya fallecido, por lo que por auto de 18 de enero de 2022 se declaró extinguida su responsabilidad penal- para los cursos de formación de los ex trabajadores de la multinacional de automoción Delphi.

En un auto difundido por la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el magistrado indica que los hechos podrían ser constitutivos de presuntos delitos de prevaricación administrativa, fraude de subvenciones y malversación de caudales públicos, toda vez que el exconsejero Antonio Fernández está condenado por la pieza principal de la trama de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, correspondientes al procedimiento específico de canalización de los fondos, y por las ayudas de dicho sistema a la empresa Aceitunas y Conservas (Acyco).

Los investigados en esta causa son los ex consejeros de Empleo de la Junta Antonio Fernández y Manuel Recio, un hijo del ex consejero de Hacienda Ángel Ojeda y otras cinco personas que tenían una dependencia laboral o vinculación societaria con las empresas dirigidas por Ángel Ojeda. Asimismo, el instructor dirige el procedimiento, como responsables civiles subsidiarios y partícipes a título lucrativo, contra una quincena de entidades.

El magistrado analiza en el auto la situación generada en la Bahía de Cádiz con motivo del cierre de la compañía Delphi, señalando que ante la situación generada, la Junta, a través de sus responsables políticos, anunció su compromiso de atender de forma específica a los afectados por el cierre de Delphi y conseguir su recolocación en empresas de la Bahía de Cádiz. Así, una vez producido el despido, los afectados por el cierre de la factoría fueron incluidos en el denominado «Dispositivo de tratamiento singular», en cuyo desarrolla el juez destaca tres etapas.

En este sentido, los hechos investigados en esta causa estarían encuadrados en la segunda etapa, desarrollada desde el 1 de septiembre de 2009 hasta el 28 de febrero de 2011 y en la que una serie de empresas y entidades impartieron formación a los acogidos a dicho dispositivo, pero en este caso «simulando una contratación laboral». El coste de la formación y de la contratación (salarios y cotizaciones a la Seguridad Social) «se financió a través de subvenciones directas; excepcionalmente, un número proporcionalmente reducido de ex trabajadores de Delphi sí prestaron servicios laborales efectivos, en concreto los contratados por Gadir Solar y una parte de los incorporados por Alestis Aerospace».

El instructor afirma que los ex consejeros de Empleo investigados «asumieron estos compromisos y acordaron establecer y mantener este sistema de subvenciones a la contratación, a pesar de ser conocedores que la normativa en vigor en modo alguno amparaba dicho sistema y que se simulaban contratos de trabajo que no se respondían con la realidad», para lo cual «habrían puesto en marcha un irregular sistema de concesión de subvenciones excepcionales y arbitrarias, que se destinaron, por un lado, a la simulación de relaciones laborales para proporcionar prestaciones de la Seguridad Social indebidas a un gran número de ex trabajadores de Delphi (con la colaboración de las asociaciones y fundaciones dirigidas y controladas por Ángel Ojeda); por otro lado, a mantener las percepciones de los ex trabajadores al margen de la normativa de protección por desempleo».

El juez asevera que «el sistema habría dado lugar, además, a que algunas de las asociaciones beneficiarias de las subvenciones desviaran fraudulentamente una parte considerable del importe de las mismas hacia una serie de entidades vinculadas, a través de la generación de sobrecostes, la fijación unilateral de precios y la contratación de servicios sin valor para la actividad subvencionada», todo ello «sin que los responsables de la Consejería de Empleo llevasen a cabo actuación alguna en orden a comprobar el correcto destino de las ayudas, posibilitando así la aplicación irregular de los fondos».

Al hilo de ello, subraya que los responsables de la Consejería de Empleo habrían concedido estas ayudas bajo la apariencia formal de subvenciones «excepcionales» a la contratación, en contradicción con las previsiones que para el otorgamiento de subvenciones o ayudas públicas contemplaba la -entonces vigente- normativa autonómica y estatal.

Según Vilaplana, el verano de 2009, previo a que comenzara la segunda fase del dispositivo mencionado, el entonces consejero de Empleo, Antonio Fernández, habría convocado a una reunión informal a Ángel Ojeda, «quien era notoriamente conocido por ser beneficiario en la concesión de subvenciones autonómicas, habiendo sido consejero de Hacienda de la Junta», informándole el primero de que los trabajadores de Delphi «iban a cumplir los dos años de paro y que había que dar una salida a los mismos», al tiempo que «se le ofreció la gestión de una ingente cantidad de subvenciones a través de empresas y entidades que serían directa o indirectamente controladas» por el propio Ojeda.

Según agrega, «el entramado habría de conformarse en torno a la simulación de contrataciones con empleados de la empresa Delphi, incluyendo así salarios, cotizaciones y otros gastos que pagaría de modo indirecto la propia Junta a través de las empresas y entidades» de Ángel Ojeda, señalando que «las entidades que ofrecía» el ex consejero de Hacienda, «meros testaferros de su voluntad, contrataría a los trabajadores de Delphi del dispositivo singular, pero siempre con financiación pública».

Así, «los proyectos subvencionados consistían en proporcionar formación a los ex trabajadores de Delphi para mejorar su empleabilidad, pero se exigía su contratación y alta en la Seguridad Social, si bien la actividad de los contratados no habría sido otra que la de recibir formación, sin que existieses una verdadera prestación de servicios», con lo que los contratos de trabajo «sólo tenían como objetivo crear una apariencia de -ficticia- relación jurídico-laboral para justificar el alta en la Seguridad Social como único medio para proporcionar a los ex trabajadores (…) el periodo de carencia necesario para acceder» a prestaciones.